“Mi vida está en pausa”: el drama de la huelga del Poder Judicial

«Me vine corriendo y me dicen que no hay servicio». Es el testimonio de uno de los miles de afectados por el paro de labores en el Poder Judicial de la CDMX, que ya suma más de dos semanas. Mientras los trabajadores exigen mejores salarios, la justicia para los ciudadanos está en pausa.

Un conflicto laboral ha escalado hasta convertirse en una parálisis total del sistema de justicia en la Ciudad de México. Desde el pasado 29 de mayo, trabajadores del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ-CDMX) mantienen un paro de labores indefinido, cerrando juzgados y suspendiendo miles de trámites, audiencias y sentencias, dejando a ciudadanos y abogados en un limbo legal y emocional. Lo que comenzó como una protesta por demandas salariales, ahora exhibe las profundas grietas de una institución vital para el Estado de Derecho.

El corazón del conflicto es una exigencia de mejores condiciones laborales. Los trabajadores, a quienes recientemente se sumaron peritos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) en señal de solidaridad, argumentan que sus salarios están rezagados frente a una carga de trabajo que califican de «excesiva».

Las demandas concretas apuntan a una exigencia de aumento salarial directo de entre el 7% y el 12%, y un incremento del 5% en prestaciones. Argumentan que el aumento al salario mínimo ha sido muy superior y que sus ingresos no se corresponden con la inflación ni con la responsabilidad de su labor.

En un intento por destrabar el conflicto, las autoridades del Poder Judicial, encabezadas por el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez, pusieron una oferta sobre la mesa: un aumento salarial del 5%, un incremento de 100 pesos en vales de despensa y un bono de 7,100 pesos para el personal de los juzgados familiares.

La respuesta de los trabajadores fue un rechazo contundente. Calificaron la oferta de «insuficiente» y una muestra de que las autoridades no comprenden la magnitud de sus reclamos.

«No estamos encaprichados… OK, no nos puedes dar el 10%, ¿cuánto nos ofreces? No hay un diálogo. Lo único que ellos quieren es que abramos las instalaciones», declaró Erika Ojeda, trabajadora de los juzgados civiles, evidenciando la frustración ante la falta de una negociación real.

Mientras el conflicto político y laboral continúa, son los ciudadanos quienes pagan el precio más alto. El paro ha detenido por completo la maquinaria judicial, afectando casos de vital importancia para la vida de las personas.

Abogados litigantes narran el calvario: juicios de divorcio, pensiones alimenticias que no se pueden cancelar o modificar, herencias que no se pueden repartir, y la lista sigue. «Tenemos audiencia y de repente paran el juzgado. Eso nos retrasa dos o tres meses, dependiendo», comenta un abogado con décadas de experiencia. Para muchos, como los abogados que cobran por asunto resuelto, la parálisis significa no tener ingresos. Para los ciudadanos, significa que sus vidas y su patrimonio quedan congelados indefinidamente.

Las negociaciones se encuentran en un punto muerto. Los trabajadores se niegan a levantar el paro sin una contraoferta clara y por escrito, mientras que las autoridades han solicitado una semana para realizar un análisis de impacto presupuestal, una propuesta que no ha generado confianza entre los manifestantes.

La tensión crece, e incluso se han reportado enfrentamientos con presuntos grupos de choque. La posibilidad de que el paro se convierta en una huelga general formal está sobre la mesa, lo que prolongaría aún más la crisis y el calvario para miles de capitalinos que hoy ven la justicia como una puerta cerrada.